DECLARACIÓN POLÍTICA DEL ENCUENTRO NACIONAL ESTUDIANTIL DEL 19 Y 20 DE MARZO DE 2011 EN BOGOTÁ

Con la presencia de importantes delegaciones estudiantiles provenientes de todos los rincones y regiones de Colombia, y de universidades públicas y privadas, se desarrolló el pasado 19 y 20 de marzo en un ambiente unitario y fraterno el Encuentro Nacional Estudiantil, el cual fijaría el derrotero a seguir por parte del movimiento estudiantil para el actual momento. El evento fue instalado por un panel integrado por los profesores Frank Molano, Jaime Caicedo, Aurelio Suárez y Daniel Libreros, quienes presentaron contundentes exposiciones sobre la naturaleza del gobierno, su política educativa y las tareas del momento. Con respecto a la política internacional y nacional, indicaron que la elección de Juan Manuel Santos se enmarca dentro del recambio propiciado por Estados Unidos ante la crisis económica internacional. Sobre el devenir de la crisis también se enfatizó que, en tanto su causa fue responsabilidad de la oligarquía financiera internacional, sus nocivas consecuencias han recaído, de manera fundamental, en los trabajadores y las clases medias y bajas.

Posteriormente, voceros de diferentes procesos estudiantiles presentaron sus puntos de vista sobre el acontecer nacional y las implicaciones de las recientes determinaciones oficiales en el devenir de la universidad colombiana. Al día siguiente el evento trabajó en las comisiones de organización y de movilización, cuyas conclusiones fueron planteadas en la plenaria final del acto. A lo largo de la jornada se presentaron valerosos saludos de organizaciones sindicales y sociales ligados con la defensa de los intereses de la universidad y del país. Tras dos días de relevantes deliberaciones el Encuentro Nacional concluyó lo siguiente con relación al Gobierno actual y fijo los siguientes ejes de movilización para ser desarrollados por todas las universidades a nivel nacional y regional: Juan Manuel Santos está orientado a favorecer a las multinacionales y al capital financiero. Prueba fehaciente de ello, es su Plan Nacional de Desarrollo cuyos ejes articuladores guardan consonancia con los viejos “tres huevitos”: consolidación del crecimiento y competitividad, igualdad de oportunidades y consolidación de la paz. Así mismo este Plan se estructura a partir de las denominadas “locomotoras”, que son: la agropecuaria que significa el modelo de gran plantación y de agrocombustibles; el mineroenergético que se ha convertido en la principal fuente de inversión extranjera directa en Colombia; infraestructura de transporte y comunicaciones las cuales son indispensables para la extracción y el saqueo que realizarán las trasnacionales; la de vivienda que se constituye en otra fuente de enriquecimiento para el capital financiero por medio de créditos usurarios y los llamados sectores basados en la innovación. Aparte de ello, el Plan parte del supuesto erróneo del “postconflicto” que supone que Uribe supero el conflicto armado, cuando en realidad, se omite que el gasto en seguridad y defensa es uno de los principales rubros del presupuesto y que además, aún se presentan violaciones a los derechos humanos, en el marco de tal conflicto.

A dicho modelo de país le corresponde un modelo de educación que persiste en el propósito de degradarla, en especial, la de tipo universitaria. Las acciones e iniciativas del Gobierno Santos corroboran este cometido. En los artículos 80 y 81 del Plan Nacional de Desarrollo revive, del derogado Decreto 3545 de 2004, el criterio de los “indicadores de gestión” para asignar los recursos a las universidades del Estado, pues los supedita al cumplimiento de los criterios de cobertura, eficiencia y degradación académica con lo cual vulnera la autonomía y democracia universitarias. En el mes de octubre de 2010, en la aprobación del presupuesto general de la nación, recortó para 2011 cerca de $200.000 millones a las universidades del Estado, de igual forma, y como consecuencia de la ausencia de recursos públicos, estas instituciones han sido compelidas a incrementar sus recursos propios por medio del aumento de las matrículas y de la extensión, entre otros, y a contraer préstamos con el sector financiero para sustentar sus actividades, mecanismo que se profundiza con la nueva Ley de Educación Superior. Ejemplo de este perverso modelo es el de la Universidad Nacional cuya autofinanciación es cercana al 50% de su presupuesto. Además, ya aprobó un cupo de endeudamiento hasta por $169.000 millones y un préstamo de $107.000 millones, lo cual supedita la investigación, la extensión y la producción científica y académica al pago de tales obligaciones.

Esta propuesta se complementa con la Reforma Constitucional que prescribe la sostenibilidad fiscal como principio constitucional. Acorde con esta reforma el gasto público, y en particular el que se relaciona con derechos de tipo social y económico, como el de la educación, será seriamente recortado pues se hace indispensable para mantener tanto los gastos en seguridad y defensa, así como el pago de la deuda pública que ha crecido tanto en monto como en su servicio. Entre 2000 y 2009 esta pasó de $64 a $177 billones de pesos pues, a pesar de que los desembolsos realizados por Colombia costaron $263 billones, los nuevos préstamos ascendieron a $266. Esta reforma constitucional será desarrollada por medio de una ley de regla fiscal, cuyo objetivo es pasar de un déficit fiscal del 4.5% del PIB a un superávit fiscal de 1.5%. Esta meta no se alcanzará a costa de reversar los contratos de estabilidad jurídica, las zonas francas o las exenciones tributarias que favorecen a monopolios criollos y a trasnacionales sino que será recortando el poco gasto social que aún pervive. Y como suele suceder con estas propuestas, no fueron concebidas en las oficinas de las entidades oficiales sino por los organismos multilaterales de crédito. La visita del FMI de febrero de 2010 consignó el conjunto de esta iniciativa que traza los lineamientos en política económica para nuestro país.

A su vez existe la nueva Ley de Educación Superior, cuyo cuerpo de 164 artículos afecta de manera sensible los pilares de la educación superior en Colombia. Esta propuesta que no se consulto con profesores, estudiantes y trabajadores, sí fue concertada con las multinacionales y con el capital financiero. Así quedó consignado en el capítulo de comercio transfronterizo de servicios del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, en donde Colombia se comprometió a crear una “forma de tipo especifico de entidad jurídica para los servicios de enseñanza superior”. Las multinacionales de la educación superior y las universidades corporativas, requieren que las universidades sean sociedades con ánimo de lucro para repartir dividendos, recibir todo tipo de inversiones y para enterrar la educación como derecho y volverla un servicio objeto de especulación.

Además de esta característica tal reforma no resuelve la crisis financiera de las universidades, que según el SUE, supera los $500.000 millones de déficit, y además mantiene la base presupuestal del 2011 (art. 103) con los incrementos anuales del IPC, es decir, el antiguo artículo 86. El presupuesto de las universidades públicas, seguirá congelado, congelación que ya lleva 19 años. El Gobierno de Santos no aporta ni un peso nuevo en la base presupuestal. También se establecen paupérrimos incrementos a partir del crecimiento del PIB (art. 105). Aunado a lo anterior, la concurrencia al pasivo pensional, que es una obligación estatal, se extiende a todas las universidades e instituciones de educación superior (art. 110). Con el proyecto se va a atacar de manera severa la autonomía y la democracia universitaria pues la acreditación, que es un instrumento de chantaje, adoptará formas más lesivas pues será otorgada por una entidad privada y posiblemente extranjera mediante “convenios de asociación”, y para colmo deberá ser pagada por las universidades (art. 77). Finalmente, persiste el subsidio a la demanda pues el gobierno se obliga a transferir recursos a las instituciones de educación superior privadas sin ánimo de lucro y a cualquiera que obtenga la acreditación de alta calidad (art. 108) y no sólo persistirá con el sistema de ICETEX para los “subsidios de matrícula” (art. 115), financiados por el Banco Mundial y que tanto afectan a los estudiantes, particularmente, de las universidades privadas, sino que se establecerá un Fondo para la Permanencia Estudiantil (art. 116) para los gastos de sostenimiento de “quien lo requiera”.

La embestida oficial en contra de la universidad y de los estudiantes hace indispensable la unidad del conjunto de procesos y vertientes existentes al interior del movimiento estudiantil, el cual fortalecido con dicha pluralidad, ahondará esfuerzos por derrotar el cúmulo de medidas que niegan la existencia de una educación pública y que hace muy oneroso estudiar en otro tipo de instituciones. En este contexto, es de vital importancia la conformación, en el marco de este Encuentro, de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que articulará y coordinará en Colombia, en cada una de las universidades y regiones, iniciativas de tipo programático, organizativo y de movilización en la senda del progreso y la soberanía nacionales.

El Encuentro concluyó que el momento actual tiene como propósito fundamental elevar el nivel de conciencia y comprensión del estudiantado, y de los demás sectores universitarios, acerca de la naturaleza antidemocrática y antinacional de las determinaciones adoptadas por el Gobierno de Santos, en consecuencia, las jornadas de movilización y agitación programadas para este semestre pretenden aglutinar procesos, fuerzas y sectores en contra de las mentadas medidas oficiales. De igual manera el Encuentro dio inicio al proceso de construcción de un pliego nacional universitario, que partiendo de insumos del orden nacional expuestos en el evento, acogerá los debates y conclusiones de las diferentes regiones sobre las necesidades más sentidas del estudiantado y de la universidad colombiana. La presentación y desarrollo del mismo será definido y coordinado por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil.

Ante este panorama es evidente que la lucha de masas es la única alternativa que tiene el estudiantado para derrotar estas iniciativas. Los camioneros agrupados en la ACC, los trabajadores del Cerrejón que lucharon contra las multinacionales que controlan la mina del Cerrejón, los jarreadores y pequeños y medianos productores leche, la unión cívica y popular que luchó contra el proyecto de Angostura de la multinacional Greystar en el páramo de Santurbán; constituyen el faro que el estudiantado y el conjunto del movimiento universitario han de seguir para derrotar la agenda de Juan Manuel Santos y para persistir en la búsqueda de una educación plenamente financiada por el Estado, científica, auténticamente democrática y autónoma, con sistemas integrales de bienestar universitario, en condiciones de trabajo dignas para profesores y trabajadores, en la que se respeten el conjunto de las libertades democráticas y los derechos humanos, y que esté enfocada a resolver los grandes problemas de la sociedad colombiana. Esta es la tarea que hemos asumido.