La preocupante distancia entre la educación superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano
Informe especial Ante la dificultad para que la educación superior permita su articulación e integración con los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano, un proyecto de ley podría convertir a la segunda en formación profesional y poner en riesgo la subsistencia de la formación técnica y tecnológica que se ofrece en las IES.
Mientras el CESU discute si incluye o no la formación para el trabajo en su propuesta de política pública para la educación superior en los próximos 20 años, en el Congreso de la República cursa un proyecto de ley de formación profesional para que, al estilo de los modelos europeos, se cree un sistema técnico superior, que competiría paralelamente con los actuales tecnólogos, y dispararía la oferta de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, que cubre más de un millón de colombianos, pese a que la educación superior no le ha prestado la atención debida.
El proyecto de ley fue tramitado por la Asociación Nacional de Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano ASENOFT, actualmente presidida por la exviceministra y expresidenta del Icetex, Martha Lucía Villegas.
Villegas confirma que la iniciativa cuenta con el aval de las oficinas técnicas de los ministerios del Trabajo, de Salud y de Educación. No obstante, el Ministerio de Educación no ha apoyado ni rechazado el proyecto, y el CESU tampoco ha hecho referencia al tema, aunque “la ministra le comentó a Asenoft que le parecía muy interesante”, dice Villegas.
La propuesta está avalada por los senadores Roy Barreras, José David Name, Juan Lozano, Juan Carlos Vélez, Manuel Guillermo Mora (Partido de la U), John Sudarsky, Felix José Valera (Partido Verde), Juan Manuel Galán, Luis Fernando Duque (Partido Liberal) y Gabriel Zapata (Partido Conservador).
Si el sistema y las instituciones de educación superior no asumen una posición al respecto pueden verse enfrentadas a tener que convivir con instituciones que les impactarán su mercado, y se romperá el esfuerzo de tener una educación superior concertada con los protagonistas del sistema y la sociedad en general. Una educación post-secundaria mediada por intereses gremiales y no nacionales.
Más allá de las consideraciones académicas y técnicas que se derivan del proyecto, Colombia requiere repensar el tema de su formación profesional, definir las áreas y permitir a estudiantes, estilo SENA y entidades de formación para el trabajo, espacios de movilidad académica entre uno y otro nivel.
Una de las motivaciones que tanto el Sena como especialmente las instituciones de educación para el trabajo tienen con el proyecto de ley es la de permitir la movilidad de sus estudiantes dentro del sistema de educación post-secundaria profesional, pues actualmente los técnicos laborales no tienen forma de ascender en su formación, salvo que ingresen, desde cero, a instituciones de educación superior o éstas autónomamente les reconozcan como créditos académicos, en sus programas técnicos profesionales o tecnológicos, algunos logros medidos por competencias en su titulación técnica laboral.
“El problema es que esos muchachos no tienen forma de crecer en el mundo laboral. Les toca irse a una educación universitaria que no corresponde a lo que ellos quieren. Son muchachos que quedan en la mitad de ninguna parte. Son técnicos laborales que pasan a una educación universitaria de regular calidad”, afirma Villegas.
En la propuesta de Ley se propone que se cambie la denominación de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano por Educación y Formación Profesional, y que los actuales técnicos laborales tengan la posibilidad de ascender en su formación y titularse como técnicos superiores (que aunque el texto no lo dice representa una versión similar a la de los actuales tecnólogos).
Aunque la propuesta de ASENOFT no se denomina por ciclos, sí tiene una estructura parecida y paralela al sistema de educación superior. Es un modelo de escalera que inicia en un nivel operativo (que otorga un certificado de aptitud ocupacional), pasa por un nivel denominado técnico (sin “apellido” laboral ni profesional) y culmina en un técnico superior (similar al tecnológico).
Lo que no está dicho ni en la propuesta de Ley, ni en la Ley 30, ni en la 1064, es cuál es el fundamento real de la formación técnica y tecnológica en Colombia. Para el investigador y experto en el tema, Víctor Manuel Gómez (foto), de la Universidad Nacional de Colombia, “el proyecto de Asenof puede generar el efecto perverso de asimilar la educación técnica a una formación operativa, sin bases intelectuales”.
“Para mayor confusión en el MEN y en la sociedad - se pregunta Gómez- cuáles son las diferencias (formativas y ocupacionales) entre el certificado de nivel operativo, el técnico laboral, el egresado de la media técnica, el técnico de las instituciones de Asenof, el técnico profesional, el técnico del SENA, el nuevo ‘técnico superior’ propuesto, el tecnólogo del SENA y el tecnólogo de instituciones de nivel superior?”.
De convertirse en Ley, y de no concertarse el tema entre la educación superior y la educación para el trabajo, esta última encontrará un trampolín para seguir creciendo mucho más, la propuesta de política pública que presente el CESU responderá a un sistema educativo que ya no será, y aumentará la crisis de demanda de los programas técnicos profesionales y tecnológicos, que viene siendo débil, y que pese al impulso de los ciclos propedéuticos (nacidos a través de una ley surgida del lobby de algunas instituciones técnicas ante el Congreso, pero no del grueso de la educación superior), ha demostrado no responder al permanente discurso del Estado de incentivar la formación técnica profesional y tecnológica como respuesta a la formación laboral en el país.
Curiosamente mientras en Colombia hay trabas para la movilidad entre los sistemas, los egresados de la formación profesional son recibidos en otros países sin homologar y ASENOFT logra convenios internacionales para oferta conjunta y doble titulación, como el acuerdo recientemente firmado con la Agencia española AENOA.
Características de las ofertas
La educación superior, de carácter tradicional, registra a diciembre de 2013 una matrícula de 2.103.000 estudiantes, distribuidos en 286 instituciones de educación superior, que ofertan cerca de 11 mil programas académicos. Esta oferta se regula a través de la Ley 30 de 1992 y se controla desde la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación Nacional.
Los programas de educación superior se trabajan mediante créditos académicos, tienen un altísimo componente teórico y poco práctico y permiten la movilidad de estudiantes entre uno y otro nivel (técnico profesional, tecnológico y profesional), gracias a posibilidades como los ciclos propedéuticos o vía homologación de estudios que, en ejercicio de su autonomía, pueden hacer las IES.
La educación para el trabajo y el desarrollo humano, que antes se llamaba educación no formal, registra una matrícula de aproximadamente 1.1 millones de estudiantes (no se tiene el dato exacto), matriculados en cerca de 3.400 instituciones, con más de 16 mil programas académicos. Esta oferta se regula a través de la Ley 1064 de 2006, y se controla desde las 91 Secretarías de Educación Municipal del país y no desde el nivel central. A diferencia de las instituciones de educación superior, que deben hacer todos sus trámites ante el MEN, las instituciones para el trabajo deben solicitar su licencia y reconocimiento de programas en las secretarías de educación de cada uno de los municipios en que desee ofertarlo.
A diciembre de 2013 se encontraban registradas 3.343 instituciones de educación para el trabajo, con 16.290 programas en el nuevo sistema nacional de información que, para el tema, creó el Ministerio de Educación Nacional. Al 31 de marzo la cifra ya había subido a 3.413 instituciones, con 16.763 programas. Es decir, en tres meses se crearon 70 nuevas instituciones.
Secretaría de Educación
|
Número de Instituciones de formación para el trabajo
|
Número de programas
|
Instituciones certificadas
|
Bogotá
|
449
|
2091
|
17
|
Atlántico
|
14
|
116
|
0
|
Bolívar
|
13
|
82
|
0
|
Boyacá
|
29
|
118
|
0
|
Caldas
|
44
|
148
|
0
|
Caquetá
|
10
|
17
|
0
|
Casanare
|
15
|
42
|
0
|
Cauca
|
40
|
159
|
0
|
Cesar
|
43
|
508
|
0
|
Chocó
|
3
|
15
|
0
|
Córdoba
|
79
|
520
|
0
|
Cundinamarca
|
58
|
301
|
0
|
Guaviare
|
10
|
20
|
0
|
Huila
|
15
|
43
|
0
|
Guajira
|
3
|
17
|
1
|
Magdalena
|
20
|
147
|
0
|
Meta
|
32
|
243
|
0
|
Nariño
|
29
|
132
|
0
|
Norte de Santander
|
15
|
52
|
0
|
Putumayo
|
16
|
95
|
0
|
Quindío
|
9
|
24
|
1
|
Risaralda
|
24
|
51
|
0
|
San Andrés
|
3
|
9
|
0
|
Santander
|
50
|
111
|
0
|
Sucre
|
16
|
108
|
0
|
Tolima
|
48
|
182
|
2
|
Valle
|
53
|
207
|
0
|
Vaupés
|
1
|
5
|
0
|
Arauca
|
23
|
185
|
0
|
Antioquia
|
75
|
356
|
2
|
Barranquilla
|
133
|
934
|
8
|
Santa Marta
|
37
|
250
|
4
|
Cartagena
|
48
|
253
|
7
|
Amazonas
|
2
|
7
|
0
|
Apartadó
|
30
|
181
|
2
|
Armenia
|
43
|
125
|
5
|
Barrancabermeja
|
25
|
91
|
3
|
Bello
|
22
|
80
|
1
|
Bucaramanga
|
61
|
225
|
6
|
Buenaventura
|
37
|
214
|
3
|
Buga
|
21
|
79
|
0
|
Cali
|
217
|
1155
|
15
|
Cartago
|
28
|
115
|
0
|
Chía
|
12
|
45
|
0
|
Ciénaga
|
3
|
19
|
0
|
Cúcuta
|
58
|
341
|
2
|
Dosquebradas
|
18
|
33
|
0
|
Duitama
|
22
|
76
|
0
|
Envigado
|
22
|
95
|
3
|
Facatativá
|
20
|
123
|
0
|
Florencia
|
20
|
67
|
0
|
Floridablanca
|
25
|
84
|
0
|
Fusagasugá
|
26
|
96
|
0
|
Girardot
|
16
|
43
|
1
|
Girón
|
5
|
22
|
0
|
Ibagué
|
56
|
130
|
4
|
Ipiales
|
15
|
87
|
0
|
Itaguí
|
20
|
123
|
3
|
Jamundí
|
5
|
15
|
0
|
Lorica
|
14
|
95
|
0
|
Magangué
|
16
|
60
|
0
|
Maicao
|
3
|
8
|
0
|
Manizales
|
67
|
263
|
5
|
Medellín
|
196
|
1216
|
17
|
Montería
|
43
|
230
|
5
|
Mosquera
|
4
|
9
|
0
|
Neiva
|
47
|
244
|
3
|
Palmira
|
41
|
178
|
1
|
Pasto
|
45
|
138
|
0
|
Pereira
|
60
|
294
|
7
|
Piedecuesta
|
5
|
25
|
0
|
Pitalito
|
16
|
57
|
0
|
Popayán
|
49
|
166
|
3
|
Quibdó
|
8
|
16
|
0
|
Riohacha
|
12
|
26
|
0
|
Rionegro
|
20
|
130
|
5
|
Sabaneta
|
6
|
28
|
1
|
Sahagún
|
6
|
22
|
0
|
Sincelejo
|
36
|
186
|
3
|
Soacha
|
24
|
86
|
0
|
Sogamoso
|
20
|
51
|
2
|
Soledad
|
8
|
32
|
0
|
Tuluá
|
29
|
120
|
1
|
Tumaco
|
13
|
78
|
0
|
Tunja
|
33
|
95
|
0
|
Turbo
|
15
|
72
|
0
|
Uribia
|
1
|
12
|
0
|
Valledupar
|
65
|
437
|
5
|
Villavicencio
|
107
|
536
|
4
|
Yopal
|
37
|
113
|
0
|
Zipaquirá
|
11
|
55
|
0
|
La cifra, según conocedores, puede ser mucho más alta. En los municipios no hay personal en las secretarías de Educación que se dedique realmente al tema, y vigile y controle la creación y operación de estas entidades. En ciudades y municipios están operando instituciones de educación para el trabajo sin el correspondiente registro ante su Secretaría de Educación.
En una céntrica zona de Bogotá se anuncia la construcción de Inforsalud, con su página web y oferta de programas.
Esta institución, por ejemplo, no aparece registrada en el sistema de información del Ministerio.
En Colombia esta formación también es ofrecida por el SENA y tiene como objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados.
El SENA es la más grande y poderosa de estas instituciones, con 700 mil estudiantes de ese 1.1 millones.
Los programas para el trabajo se diseñan por competencias y, por su naturaleza formativa, están estructurados para el hacer y para los oficios, por lo que no deben atender al mismo modelo pedagógico de los de educación superior, sino que están montados sobre talleres y acompañamiento directo. Se presume que el 70% de sus currículos se basan en el hacer y 30% en lo teórico.
El problema
Los estudiantes de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano no tienen manera de crecer su formación profesional y deben quedarse sólo con un título técnico laboral, salvo que vuelvan a ingresar desde cero a una IES.
“En Colombia la Educación Postsecundaria está orientada solamente hacia la Educación
Superior como única ruta vertical con estatus social y académico reconocido por la
sociedad y no contempla la ruta de la Educación y Formación Profesional, esto se debe a
que no existe una diferenciación funcional horizontal de ambas estructuras. Mientras en la
Educación Superior se contemplan niveles y modalidades (Ley 30 de 1992), la Educación y
Formación Profesional carece de marco regulatorio que determine sus niveles y
Especializaciones” (proyecto de Ley).
Para Villegas, la iniciativa es importante, sobre todo, en la articulación con el sector productivo. "En Colombia en la educación técnica solo existe la base, en el mundo entero la educación técnica tiene niveles y grados hasta llegar al máximo grado especializado", expresó la ex viceministra de Educación. Al respecto se requiere que países como España y Alemania tienen leyes que regulan la formación profesional.
Esto porque en Colombia hay dos sistemas de educación post-secundaria, que no se hablan y que suministran al mercado laboral egresados con muy diferentes perfiles de formación, sin que se conozca una evaluación real del impacto y necesidades de cada uno. “Lo primero es reconocer que no hay una única formación postsecundaria como la que tradicionalmente se identifica como universitaria, y que la Universidad no está para desarrollar formación técnica”, dice Villegas.
Auncuando no son acusaciones públicas, entre los actores del sistema claramente se identifican dos posturas: La del sistema de educación superior, que parece creerse más y ver por encima del hombro a los de la educación para el trabajo, porque generalmente los estudiantes de estos programas son personas de escasos recursos que no lograron acceder a la educación superior. Para Víctor Manuel Gómez, es “muy negativa la pretensión de Asenof de continuar y reproducir los muy bajos estándares y mala calidad de la educación técnica que se ofrece en el país, lo que además genera el imaginario negativo, el estigma en la juventud, de que esta es una formación pobre y para pobres”.
Gómez critica el hecho de que “se recomienda la media técnica y la ‘articulación’ con el SENA y con las instituciones de educación ‘no formal’, para los jóvenes pobres, aunque todavía sean niños en formación, mientras el resto de la población busca para sus hijos la mejor educación general posible. Sesgo social que caracteriza a funcionarios y formuladores de política educativa, la educación deseada para sus hijos es muy diferente de la prescrita para los hijos de ‘los otros’ (los pobres, los de menores ingresos..)…. Estas políticas sólo se aplican en colegios públicos, y con estudiantes de estratos bajos. Ningún colegio de clase media baja para arriba está interesado en estos esquemas de articulación, por razones de calidad de la educación ofrecida”. (Clic para ver el ensayo de Gómez titulado “El proyecto de ley de Asenoft es innecesario, redundante y genera mayor desigualdad social en la educación”).
“Nos miran por encima del hombro, y se creen de mejor familia”, mencionó a El Observatorio, un defensor de esta modalidad, al responder por qué el CESU, en su propuesta de política pública para los próximos 20 años, no ha incluido la educación para el trabajo como una posibilidad real de articulación inmediata con la educación superior.
Curiosamente los que se lucran, más allá de los directivos de las IES, son los dueños de las instituciones de formación para el trabajo, pues las primeras no pueden tener ánimo de lucro, en tanto que las segundas sí operan como entidades con ánimo de lucro.
El hecho de que unas tengan lucro y otras no, y que las IES tengan autonomía y las del trabajo no, marca otra diferencia, y no ha ayudado al diálogo entre unos y otros.
A su vez, el deseado concepto de educación terciaria (que reúne a la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano, como opciones de formación para todos los bachilleres) no es una realidad en el país y no existen mecanismos de articulación entre unos y otros.
El marco Nacional de Cualificaciones
El artículo 31 de la Ley 1151 de 2007, que aprobó los lineamientos generales del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado Comunitario: desarrollo para todos” establece que “el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN), articulará los niveles de educación media y superior, la educación para el trabajo y el desarrollo humano y el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, con el objeto de permitir al estudiante mejorar su movilidad a lo largo del ciclo educativo y la inserción al mercado laboral. Para el efecto, diseñará, reglamentará y evaluará las acciones de regulación, integración, acreditación, pertinencia de la formación, normalización y certificación de competencias laborales”.
Estos fines deberán estar soportados en el desarrollo e implementación de un marco de nacional cualificaciones (MNC) que tenga una triple finalidad: primero, contribuir a coordinar de forma eficiente a los actores del SFCH; segundo, crear espacios de convergencia entre la educación, la formación para el trabajo y el desarrollo humano y las demandas del sector productivo, a través del apoyo de los procesos de gestión del recurso humano por competencias por parte de las empresas. Finalmente, facilitar que las competencias adquiridas directamente en el lugar de trabajo (on-the-job-training) o en el sistema de formación permanente permitan a los trabajadores una mayor movilidad laboral, así como una mayor capacidad para migrar hacia nuevas ocupaciones.
A través del MNC se hace más fácil el diálogo entre programas y la homologación de contenidos y la comunicación entre la formación académica y la formación laboral.
El MNC aún es un proyecto, y se estima que tomarán por ahí cinco años su implementación, pese al consenso de la comunidad académica sobre su necesidad. Es un medio, pero mientras que la educación superior no admita la posibilidad de favorecer la movilidad y transferencia de programas hacia la educación para el trabajo (o profesional, si se decide llamarla así), poco contribuirá el MNC al tema.
La cobertura
La cifra de bachilleres que tienen una posibilidad de educación supera, en mucho, las cifras del 46% de cobertura que presenta el Ministerio de Educación Nacional, pues ésta corresponde sólo a los dos millones de la educación superior. Si se suma la matrícula en educación para el trabajo, Colombia puede hablar de una tasa de cobertura en educación terciaria cercana al 70%, lo cual demanda una mirada diferente de los esfuerzos del sistema por brindar oportunidades formativas a los bachilleres. Para Villegas, “es un error decir que la cobertura sólo cubre a 2 millones”.
Algunos consideran que la tasa de cobertura sólo debe darse con cifras de educación superior, auncuando muchos de los países latinos y europeos que muestran cifras mayores a las de Colombia, suman ambos resultados, y se presentan como naciones con mejores desarrollos que los colombianos. Incluso en Alemania, con una tasa de cobertura cercana al 100%, la gran mayoría de esa matrícula corresponde a formación profesional (la que aquí se llama para el trabajo y el desarrollo humano) y solamente cerca del 20% corresponde a matrícula en educación superior. “Las coberturas universitarias en el mundo desarrollado son del 30-35%”, dice Villegas, y Gómez ratifica que “en Alemania y los países de la llamada ‘tradición germánica’ (Suiza, Holanda, Austria..), existe un canal académico (el Gimnasium) altamente selectivo de una pequeña élite cuyo destino es la universidad, y otras modalidades y canales de formación para las profesiones (hauptschule), para trabajos técnicos y aun para oficios calificados (berufschule)”.
La educación para el trabajo también ha desarrollado prácticas de articulación con colegios como una forma de ganarse estudiantes. Para Gómez, “inducir o ‘encarrilar’ (‘tracking’, ‘streaming’, en el léxico internacional) a estudiantes de 14 o 15 años a opciones tempranas, prematuras, de ‘especialización’ en determinada área del saber, como la capacitación en el SENA o en programas de Asenof, “es una decisión ni ética ni pedagógicamente válida, y es claramente inequitativa pues contraría los objetivos de formación general y humanista de todos los estudiantes en el nivel medio. Pero además del problema etáreo, esta especialización temprana deriva fácilmente en mayor desigualdad de los destinos ocupacionales e intelectuales postsecundarios de los estudiantes”.
La necesidad de cualificar los oficios
La educación para el trabajo defiende su posición. “Un país no puede pensar solamente en formar universitarios”, indicó otro analista consultado. La economía colombiana y el desarrollo del país pasan por la mano de obra calificada de cientos de miles de operarios y personas dedicadas a labores de servicios profesionales, auxiliares, administrativos y técnicos que mueven miles de millones de dólares de la economía, y que demandan salarios dignos, estatutos de profesionalización y mayores niveles de cualificación para mover la economía.
Esto hace referencia a muchas ocupaciones y oficios que requieren cualificación y atraen capitales: Desarrollo de software, personal técnico para el sector de hidrocarburos, minería, auxiliares administrativos, servicios personales, piscineros, personal de centros de estética y egresados de cursos de idiomas, sistemas, diseño y gastronomía, por citar algunos, que tienen una enorme salida en la formación para el trabajo (o profesional), y no encuentran acogida en la educación superior… y tampoco deberían ser formados en la educación superior.
El proyecto de ley se basa en la definición de la OEI según la cual la Educación y Formación para el Trabajo, denominada en el resto del Mundo como Educación y Formación Profesional, se reconoce como “el conjunto de modalidades de aprendizaje sistematizado que tienen como objetivo la formación socio-laboral, para y en el trabajo, involucrando desde el nivel de cualificación de introducción al mundo del trabajo hasta el de alta especialización”.
“Sería muy mezquino que un sistema universitario pretendiera que todos los estudiantes fueran universitarios a pesar de que eso significara desempleo, sin industria, sin empresas.. sólo por el prurito de que son los únicos que forman”,dice Villegas.
“A punta de profesionales universitarios no se mueve un país”, indican directores de algunas instituciones de educación para el trabajo, quienes reconocen que el conocimiento y la investigación se requieren para proyectar el país, y que esto es lo propio de las universidades, pero que no se puede desconocer la mano de obra calificada de millones de colombianos a los que no les interesa cursar programas de cinco años de duración, pues el mercado laboral demanda de personal especializado en técnicas, oficios y actividades puntuales y menos conceptuales. Según la OECD, “en la mayoría de países altamente industrializados solamente entre el 10% y el 15% de la población económicamente activa requiere educación de nivel universitario-académico”.
Técnico laboral o técnico profesional
En el mercado se encuentran técnicos laborales (egresados de instituciones de formación para el trabajo) y técnicos profesionales (egresados de las IES). Auncuando los modos de formación son distintos, sus perfiles profesionales, aparentemente, son los mismos.
La diferencia: Los técnicos laborales tienen una gran demanda en el mercado (“todos salen al mercado laboral de inmediato”, afirma Villegas), pero no pasa lo mismo con los técnicos profesionales. Los primeros se gradúan con habilidades para hacer en el trabajo, mientras que los segundos están formados con un modelo muy académico tradicional, que no le da las suficientes competencias para salir al mercado laboral.
Forma como una institución técnica profesional, redefinida por ciclos propedéuticos,
promociona sus programas
Generalmente el camino de los técnicos profesionales es la formación tecnológica y de ahí la universitaria. El técnico profesional se ha visto como una versión “recortada” del tecnólogo y muy pequeña de profesional universitario, y el esquema diseñado en la educación superior (especialmente tras la adopción del modelo por ciclos propedéuticos) lo impulsa a continuar sus estudios, más que a salir al mercado laboral.
Para Villegas, “el técnico profesional en Colombia lo han convertido es en un pedacito de universidad, pero no hay realmente técnicos, pues los que se forman en las IES lo hacen con currículos absolutamente teóricos. La formación técnica profesional se ve más como un primer escalón en la formación universitaria mas no como una vocación propia, que responda a una ocupación y un oficio concreto”.
El nivel operativo inicia con menores de edad, en procesos de articulación, fuertemente criticado por Gómez. “Se recomienda la media técnica y la ‘articulación’ con el SENA y con las instituciones de educación ‘no formal’, para los jóvenes pobres, aunque todavía sean niños en formación, mientras el resto de la población busca para sus hijos la mejor educación general posible. Sesgo social que caracteriza a funcionarios y formuladores de política educativa, la educación deseada para sus hijos es muy diferente de la prescrita para los hijos de ‘los otros’ (los pobres, los de menores ingresos...)”.
Según Gómez, en el caso colombiano, con estudiantes de 14 -16 años en grados 10 y 11 no es posible ofrecer, por razones éticas y de equidad social, una formación técnica o laboral, la que implica una selección o asignación temprana e inmadura a determinado campo ocupacional, con escasas oportunidades de discernimiento y selección por parte del estudiante joven.
En los últimos cinco años la matrícula en programas técnicos profesionales ha pasado de representar el 15.0% de la matrícula en educación superior a sólo el 3.9%, lo cual debe llamar la atención sobre la debilidad de la formación técnica profesional de carácter superior. A diciembre de 2013 los programas técnicos profesionales registraron una matrícula de sólo 82.587 estudiantes.
Por su parte (y especialmente por el efecto de los ciclos propedéuticos y la matrícula en el SENA), la formación tecnológica, pasó del 16.1% al 29.4%. A diciembre de 2013 los programas tecnológicos registraron una matrícula de sólo 619.136 estudiantes.
El SENA
El Servicio Nacional de Aprendizaje ha venido consolidando más de 100 programas tecnológicos con registro calificado, que se ofertan, gratis, y pasan a sumar como matrícula de educación superior. Son programas tecnológicos, en el concepto de competencias y muy buenos laboratorios, que se distancian enormemente de los programas tecnológicos tradicionales de las IES, que deben cobrar, cuentan con menos laboratorios y no tienen el mismo impacto laboral del SENA.
Además de los 700 mil estudiantes en formación para el trabajo, el SENA tiene otros 400 mil en educación superior (programas tecnológicos). Así, contribuye significativamente con la tasa de cobertura. Si no fuera por esos 400 mil, la tasa publicitada por el MEN, del 46% bajaría cerca de 10 puntos.
Ante la pregunta de por qué el SENA incursiona con programas de educación superior y parece alejarse de la educación para el trabajo, una fuente de esa entidad confirmó a El Observatorio que la entidad lo hace, básicamente, porque solamente a través del sistema tradicional de educación superior es como pueden favorecer la movilidad de los estudiantes, porque a través de la formación para el trabajo, sus estudiantes no tienen forma de crecer profesionalmente, tal y como está diseñado el modelo actual.
En el fondo, dicen conocedores del SENA, su intención es ser fiel al principio que dio origen a la entidad (formación para el trabajo) y no asumir los riesgos y las críticas que le han llegado por incursionar en educación superior, pero de por medio está el factor político y la capacidad que tiene de ayudar a subir las cifras de cobertura y lograr, al cierre de 2014, la meta del 50% de cobertura en educación superior, prometida por el Gobierno Nacional.
En Colombia se genera una confusión debido a que para el mismo tipo de formación denominada anteriormente educación no formal (Ley 115 de 1994) existen ahora 2 denominaciones: Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (Ley 1064 del 2.006), y Formación Profesional Integral (Ley 119 de 1994 que restructuró al SENA), que en su decreto reglamentario (decreto 359 de 2.000) expresa que la Formación Profesional integral se inscribe como educación no formal, al establecer la Ley General de Educación que ésta es:"la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11 de esta ley", que es exactamente la misma definición de Educación para el trabajo y el Desarrollo humano (proyecto de ley).
Documentos CONPES sobre el tema
* 81: Consolidación del Sistema de Formación para el Trabajo, del 2004
* 3527:Política Nacional de Competitividad, del 2008.
* 3582: Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del 2009.
* 3674: Lineamientos de política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano SFCH, del 2010.
Algunas preguntas para el debate:
Si el país decide asumir un análisis a fondo, del tema, voceros del sistema de educación superior y del sistema de educación para el trabajo, deberían poner sobre la mesa, por lo menos, las siguientes interrogantes:
- ¿Cómo entender que haya dueños de instituciones de educación para el trabajo que, a su vez, tienen instituciones de educación superior?
- ¿Cómo manejan la contabilidad, cuando las instituciones para el trabajo legalmente son de ánimo de lucro, pero las de educación superior no?
- ¿Cómo explicar que haya instituciones de educación superior que estén ofertando programas de educación para el trabajo sin el respectivo registro ante la Secretaría de Educación?
- ¿Por qué hay programas técnicos que toman los mismos contenidos del SENA y los presentan como propios para formación para el trabajo o los maquillan para mostrarlos como educación superior?
- ¿Es válido que algunas IES homologuen completamente estudios técnicos laborales como s fueran técnicos profesionales para permitir que estudiantes de formación para el trabajo continúen estudios de programas tecnológicos, de educación superior?
“Lo que Colombia requiere – según Víctor Manuel Gómez-es una alta calidad de la educación técnica, la que exige el desarrollo de las competencias intelectuales básicas en los estudiantes, para una vida laboral de por lo menos 30 ó 40 años, en la que serán sometidos a cambios sustanciales en el empleo, los conocimientos, la estructura ocupacional, las competencias requeridas, o ser víctimas pasivas de subempleo, desempleo y marginación laboral”, y esto debe hacer parte de un debate nacional que no se está dando.
“Va a ser el mundo empresarial, más que el educativo el que va a pedir esa transformación”, concluye Villegas.
Haya o no concertación entre los dos sistemas, el país demanda que los responsables de la política pública relacionada con la formación de sus nacionales, definan, con las demás instancias del Estado, en qué áreas, niveles y cantidades, requerimos formar recurso humano de alto nivel (investigación universitaria) así como en oficios. No es socialmente responsable seguir dejando el diseño y la oferta de programas académicos a las leyes del mercado.
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