Del ICFES al ECAES

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“De la Ley 1324 de 2009 
y las implicaciones de las pruebas de Estado 
en los estudiantes de secundaria y educación superior”.

Por: Mauricio Isaza Franco
       Estudiante Unalmed-UdeA



Tras la aprobación de la ley 1324 de 2009 que reglamenta lo pertinente a los exámenes de  Estado y “el fomento de la cultura de la evaluación”, salen a flote un sin numero de debates pendientes en cuanto al tema de la evaluación de la educación en Colombia.

En un primer plano y antes de presentar de nuevo algunas de las inquietudes y argumentos que se han alzado en relación a las pruebas de Estado, debemos decir que la presente ley acalla los rumores que corrían en cuanto la privatización del ICFES, a la reducción del presupuesto de las instituciones que no hayan mostrado un buen resultado, entre otros, sin embargo presenta conceptos tan ambiguos como el Principio de Equidad en relación a “…garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad” como lo plantea el Articulo 3 de la presente ley y lo que nos hace preguntarnos, ¿Cuál es el concepto de calidad educativa que tiene el actual gobierno?.

Realmente es difícil responder a esta pregunta cuando ya no se sabe si conviene mas tener una formación integral, al servicio de la sociedad y el progreso o simplemente el formarse lo suficiente para ingresar al mercado laboral y ser un actor mas del sistema económico; cosa que no se aclara muy bien en el Art. 3 cuando habla del


Principio de Pertinencia en relación al mercado laboral y la formación Humanística… luego, ¿Cuáles son los criterios para definir tal pertinencia?


Ahora bien, ¿Por qué el debate sobre estas evaluaciones? Unos dirán que son estériles e innecesarios, que es de suma importancia evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos a la educación y que es ese cumplimiento o no lo que le da calidad a las instituciones, ya sean de educación secundaria o de educación superior. Lo que olvidan quienes defienden esta posición es que están tratando de convencer por medio de falacias, desconociendo o no que esos objetivos aquí mencionados son movidos por una serie de intereses que como lo vemos día a día en nuestra realidad, no propenden por el bien común y el progreso, sino por el mantenimiento del Status Quo.

Ya lo planteamos anteriormente, el Principio de Pertenencia de la prueba en relación al mercado laboral; yo diría lo siguiente: es la generación de conocimiento lo que condiciona al mercado laboral y no  el mercado laboral lo que condiciona la formación educativa de un individuo o una sociedad.

Por otro lado, la estandarización del conocimiento se vuelve una obvia necesidad cuando de la aprobación o no del examen, dependen el estatus y credibilidad tanto de la institución, como del estudiante. El pensar que con un examen igual pueden definir el nivel de conocimiento y la calidad de la ecuación de todos los estudiantes de una determinada carrera o de todas las instituciones es una mirada bastante miope sino ridícula y obsoleta.

En este orden de ideas, la cultura de la evaluación que en la presente ley se promueve no deja de ser más que una representación de lo que significa para el actual gobierno la educación de la sociedad. El método evaluativo sobre el cual se le presenta a un estudiante una serie de opciones a escoger esta obsoleto, se necesitan mas ahora que nunca metodologías mas acorde a las realidades y necesidades de estudiantes que cada día cuestionan mas, se cuestionan mas así mismos, es imposible pues que con un examen se logre calificar la cantidad de conocimiento que posee una persona y acorde a esto, que este o no capacitado para entrar al mercado laboral.

Se nota un grave desconocimiento de las realidades locales, de las dinámicas de cada institución, ya sea universitaria o de educación superior; están negando con esto la posibilidad de construir procesos propios de cada región, la generación y fortalecimiento de pensamiento propios de cada individuo, solo con el objetivo de verificar, o mas bien medir lo que sabe o no una persona.

Por ultimo quisiera plantear la siguiente reflexión. Si bien concebimos la educación como un derecho, un derecho fundamental a mi manera de ver dado el contexto, ¿Por qué se plantea desde la ley 1324 de 2008 que las pruebas de Estado deben ser en parte subsidiadas por quienes las presentan?, ¿Por qué si la educación es un derecho tenemos que pagar para saber si podremos o no hacer uso de ese derecho? Y ¿Por qué debemos pasar el ECAES para poder obtener el titulo? ¿De que han servido entonces lo 5, 6 o hasta 7 años que nos sacrificamos tratando de formarnos académicamente si un solo examen nos quitara esa posibilidad?



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